Salud Mental y adicciones: Cuando la ley se convierte en obstáculo

Nota: los nombres de este artículo fueron modificados.

María es mamá tres hijos: Ana (51); Nacho (40) y Luis. Vive en un barrio cercano a Fuerte Apache. Luis, quien muere a los 17 años, sufrió de encefalitis profunda por mala praxis en su nacimiento, situación que llevó a María a encargarse de él casi con exclusividad durante 5 años.

El consumo problemático de Nacho comenzó hace 24 años. “Me concentraba en el chiquito enfermo, sobre todo porque convulsionaba de 30 a 40 veces por día. Después de las convulsiones se desvanecía. Me quedaba en la cocina con él en brazos para que los demás pudiesen dormir porque al día siguiente mi marido tenía que trabajar y mis otros dos hijos, ir a la escuela”.

Pasados 5 años Luis ingresa al Hogar San Camilo, en el partido de San Antonio de Areco.

“Me enteré por TV que existía ese hogar para discapacitados. Durante los 5 años que lo cuidé en casa, estuve con depresión”.

¿Cómo supo de la adicción de Nacho?

“A los 16. Nacho sale de primaria a los 12 y va a una escuela técnica. Quedaba en capital, era una especie de polo tecnológico. Ahí me pidieron que le dijera: ‘para el lado de los monoblocs, no vayas’. Se sabía que había droga. Empezó a viajar solo y bueno, se te escapan de las manos”.

¿Cómo sabe que fue a los 16?

“Porque coincidió con algo más. Cuando tenía esa edad, la hermana se casa con un chileno y se va del país. Un día me levanto y lo encuentro durmiendo en la cama de Ana. Le pregunto por qué no fue al colegio. Me dice que tenía mucho sueño. Me di cuenta que estaba consumiendo. Viste como es, al principio todas negamos. Empecé a hacer lo que no hay que hacer. Creía que si lo perseguía, la iba a dejar”.

¿Cómo hacía Nacho para pagar la droga?

“Yo me enojé porque no iba al colegio y le dije: si no estudiás, tenés que trabajar. Lo llevé a donde trabajaba yo”.

 ¿Dónde era?

“En un laboratorio. Apilaba el plástico con el que se hacen los blíster de los remedios. Un día se queda a dormir en casa de un amigo y falta al trabajo. Cuando vuelvo, le pregunto y me responde que no iba a hablar si no tenía un abogado detrás y se fue a dormir”.

A partir de ese momento, María inicia una peregrinación por distintos hospitales y centros comunitarios de la zona. “Lo vi muy mal y averigüé. El padre, Nacho y yo fuimos a un Centro de Fortalecimiento Familiar. El psicólogo preguntó a cada uno por qué estábamos ahí. Mi marido dijo que Nacho tenía que solucionar problemas conmigo; Nacho respondió que fue traído y yo: porque consume drogas y no sabemos cómo actuar”.

Nacho presenta indicadores de un sufrimiento psíquico que va más allá de las adicciones, donde es necesario un abordaje interdisciplinario. Los Centros frecuentados por María validan su línea discursiva ocupándose solo de la adicción.

La ley de Salud Mental 26.657, sancionada el 28 de noviembre del 2010, dice tener como objetivo garantizar el derecho a la Salud Mental de todas las personas y promover su bienestar en un enfoque integral, respetuoso de los derechos humanos y centrado en la atención comunitaria. Dicha ley busca evitar los tratamientos en instituciones psiquiátricas por considerarlas abusivas a priori, direccionando a los usuarios hacia servicios comunitarios y ambulatorios, en lugar de la hospitalización.

Nacho inició a frecuentar la casa de día en el Centro Provincial de Adicciones (CPA). Luego de pocos meses abandonó el tratamiento. “Mi lucha fue internarlo antes de los 18 porque siendo menor podés obligarlo, después no”.

La situación de María en relación a su hijo fallecido, muy difícil de sobrellevar desde lo práctico y lo anímico, sin dudas dejó marcas profundas. Cuando se nombra, lo hace como “la mamá de Luis” . Nacho es el “hermano de” o “el adicto”.

Mi hijo se suicidó

María cuenta que Nacho es cada vez más incapaz de controlar sus actos y de estar con los otros sin ella: “él sabe que si sale a la calle, cae. Cuando salgo a hacer compras mis conocidos me preguntan si ya está internado. Todos saben que afuera lo están esperando para consumir”. De repente dice: “Mi hijo se suicidó. Eso no te lo conté!”

¿Su hijo se suicidó?

“Si, después la policía le hizo RCP”.

¿Entonces tuvo un intento de suicidio?

“No, él se mató, murió, dejó de respirar”.

El episodio sucedió hace 4 años. Una crisis delirante que duró hasta las 5 de la mañana. Cuando María llamó por segunda vez a la policía, le pidieron que espere su llegada fuera de la casa. “De golpe aparecen 7 patrulleros. Mi hijo salió con un cable en la mano y midió cuánto necesitaba para ahorcarse. Cuando ve que entran, se ahorca. Eran 7 policías con itacas accionadas! Le hacen RCP y lo llevan al Carrillo. Las psicólogas dijeron que no estaba consciente de sus actos”.

Nacho permanece en el Hospital una semana, esposado y con consigna policial. Luego lo trasladan a la unidad 34 del Neuropsiquiátrico Melchor Romero. La emergencia es claramente sanitaria, pero María debió recurrir a la policía. “Acá no podemos hacer otra cosa. No podemos llamar a un hospital para que lo vengan a buscar”.

Justicia terapéutica

María insiste en los pormenores legales que encuadran a su hijo como culpable de algo y merecedor de una prisión preventiva que cumpliría en el sector penal del Hospital Melchor Romero. Cuenta enfática que la carátula inicial fue “resistencia a la autoridad” para luego ser cambiada por “atentado agravado a la autoridad”.

Si fuese un atentado agravado contra la autoridad donde no emerge la cuestión emocional, no iría a un neuropsiquiátrico. ¿Sabe decirme cómo se maneja esa decisión desde lo legal?

“No hay una justicia terapéutica!”, dice María. Por el contrario, creo que allí se focaliza uno de los problemas de la actual Ley de Salud Mental: improvisaron una justicia terapéutica. La policía, los juzgados y un fiscal deben encargarse del abordaje sanitario de personas en situación de emergencia subjetiva. No hay personal idóneo abocado a este tipo de contextos. No hay recepción de individuos con padecimiento psíquico en fase aguda si no es a través de la policía.

“La justicia terapéutica” parece ser la modalidad hallada a fin de retener a quien necesita tratamiento. Nacho atentó contra sí mismo, no estuvo preso sino retenido.

La figura del Tratamiento Sanitario Obligatorio (TSO), como prevé la Ley de Salud Mental Italiana en la que se basó la Argentina, no fue incluida. Esta requiere de un entramado interdisciplinario que sobrepasa los límites del hospital y debe funcionar articulado entre sí.

¿Cómo continuó la historia de Nacho mientras estaba en el Melchor Romero?

“Te comento que la figura jurídica que le dieron tiene 2 años de cárcel, pero por ser menor y no reincidente, convinieron prisión preventiva. Igual, el juez dijo: tiene que cumplir”.

¿Por cuánto tiempo estuvo retenido?

“En el Melchor Romero, 18 meses. Después vino otro juez y cambió la carátula. Dijo: Medida de resguardo, pero todo siguió igual porque continuaba en el mismo sitio, con el mismo régimen, todo igual.

De hecho, Nacho recibió una especie de Tratamiento Sanitario Obligatorio disfrazado, necesario en estos casos. A este punto, los encargados indirectos de la aplicación de los tratamientos compensan con soluciones improvisadas para que los pacientes reciban ayuda, porque si ingresaran en una Institución a través de la Ley de Salud Mental, aquellos que rechazaran la internación, firman y se retiran sin más.

María explica por qué considera necesaria la intervención de los juzgados: “En 60 días ningún adicto se recupera de su adicción. Si lográs judicializar la internación, con la Ley de Salud Mental, permanecen dentro solo 60 días. Por eso el juez no dice: esta persona está en tratamiento, dice: privado de su libertad. En el caso de Chano, pasados los 60 días, un oficial saltó a los médicos y le preguntó a él directamente si quería volver a su casa. Salió”.

La aplicación parcial de la Ley 180 italiana de desmaniacomialización en la que se basa la actual Ley de Salud Mental 26.657 vigente desde el año 2010, no proporciona respuestas idóneas en casos de sufrimiento psíquico agudo. 

Las falencias van desde una mala atención e ineficacia al momento de abordar el problema de un sujeto, hasta dejarlo sin tratamiento y abandonado a sí mismo poniendo en peligro la vida del potencial paciente y la de otros, como se ve en las noticias policiales que aparecen periódicamente.

La actual Ley dice respetar los derechos humanos del usuario, pero lo hace de forma superficial y sin consideración del trasfondo sanitario.

María, que se manifestaba con el grupo La Madre Marcha, en Plaza de Mayo, contra dicha Ley su propuesta de desmaniacomialización, dice: “tenemos un manicomio dentro casa”.

Autoayudarse

La adicción de un integrante de la familia afecta a los demás miembros. Existen grupos de autoayuda que orientan a quien la padece y  otros dedicados a los familiares. 

Los grupos de autoayuda, por lo general, son gratuitos. Esta accesibilidad elimina una barrera importante para quienes no cuentan con los recursos necesarios a la hora de afrontar un tratamiento, pero acarrean otras complicaciones. En primera instancia, sus miembros comparten experiencias similares sintiéndose comprendidos y apoyados. Aunque una primera contención puede resultar muy útil, las personas en situaciones graves de dependencia o sus familiares podrían necesitar intervenciones más específicas de tipo profesional y quienes lideran estos grupos, en general, no cuentan con los avales suficientes o no actúan de forma articulada con estructuras especificas destinadas.

Cómo llega a La Madre Marcha?

“Nacho siempre hablaba con psicólogas del SEDRONAR. Una de las veces que se mandó macanas le consiguieron becas de internación, pero necesitaba autorización. Llamé a un doctor que una vez lo atendió en un Centro de Prevención de Adicciones. El psiquiatra había armado un grupo con familiares. En él estaba Stella Maurig, que presidía Madres del SERT. Daba charlas presenciales en Lugano y fui”.

¿Qué buscaba en el grupo?

“Al principio está la desesperación de no saber a dónde ir, qué hacer. En el grupo, todas estábamos en la misma. Una contaba algo y la otra decía: yo pasé por lo mismo. Entonces nos dábamos herramientas, porque una está muy perdida”.

Cuáles son las actividades del grupo?

“Los jueves es presencial en el Museo Larreta y los días lunes nos encontramos online con gente del interior. Ahí es mucho peor. Stella aconseja a las madres del interior”.

¿Es psicoterapeuta?

“Es operadora socio terapéutica y psicóloga social con orientación en Salud Mental”.

¿Es madre de una persona adicta?

“El hijo de Stella se suicidó. Marina, la mamá de Chano, es trabajadora social especializada en adicciones antes que Chano fuese adicto. No sé… hay como una premonición, algo que te lleva a prepararte para eso”.

El grupo de autoayuda suele promover la idea de que un adicto lo es de por vida. Las carencias en la formación profesional de quienes dirigen los encuentros, sumado a una experiencia individual trasladable solo en parte al resto de sus integrantes, suscita la utilización de fórmulas simples, aplicables desde el control y la contención. El “sos eso”; “soy eso” refuerza un lugar subjetivo. Aparece el nombre como estigma y cobijo. De hecho, una de las características de cualquier grupo es ofrecer una identificación consistente y un lugar de pertenencia. En el caso citado, el nombre es para las madres. “Soy la madre de un adicto” podría impedir inconscientemente movimientos de un hijo en pos de su recuperación. Los grupos de autoayuda, los Centros comunitarios, los orientadores familiares no abordan la causalidad individual de los sufrimientos psíquicos recurrentes, subyacentes a toda manifestación sintomática. En el caso de María, ser “la madre de un adicto” le da un marco, pero no toca la propia cuestión.

¿Le resulta útil compartir su experiencia con otros familiares?

“Si, pero ya no lo hago porque estoy muy lastimada, entonces cuando hablo, hablo desde el dolor. Todas hablamos desde el dolor… las que estamos ahí. Yo siempre tuve una visión más social de los problemas, por eso fui también al Senado por la ley de prevención del suicidio en representación de La Madre Marcha. Fuimos Stella, una chica que tiene un hermano que se suicidó y yo.

El diputado que recibió el petitorio dijo que la ley 26.657 es una ley virtuosa. Esta gente no tiene la menor idea de lo que pasamos nosotras… porque hablan de no manicomios y cada casa nuestra es un manicomio. Ya llevamos 3 petitorios!”.

Ejes centrales del reclamo contra la Ley 26.657

Los petitorios presentados ante el Congreso y el Poder Judicial sostienen que la normativa vigente sancionada en 2010 deja desamparadas a las familias.

Cuestionan el artículo 20 de la ley, que exige probar un riesgo cierto e inminente para autorizar una internación involuntaria. Esperar esta situación suele terminar en tragedias o suicidios.

El reclamo se extiende a la creación de una ley específica para consumos problemáticos, señalando que las adicciones tienen dinámicas clínicas diferentes a otras patologías psiquiátricas y requieren abordajes especializados.

Exigen que se cumpla con la asignación del 10 % del presupuesto nacional de salud para el área de salud mental y reprochan el cierre de hospitales monovalentes y comunidades terapéuticas sin haber creado previamente dispositivos alternativos suficientes. 

Lic. Rosana Alvarez Mullner